Las escuelas concertadas hace tiempo que se quejan de una falta de financiación por parte del departamento de Educación que hacía peligrar incluso la subsistencia de algunos centros educativos. Ahora, con el confinamiento por el estado de alarma y aunque siguen trabajando online, «algunas familias cuestionan el pago de las cuotas» y eso los pone aún más en peligro, según explica Eva Salvà, directora general de la Agrupación Escolar catalana.

«El concierto que tenemos ya es insuficiente y ahora nos llega la situación que la escuela deja de estar abierta, así que algunas familias, una minoría, se cuestiona el pago de las cuotas», explica Salvà, que alerta, además, que otros «tendrán problemas económicos si se quedan sin trabajo» y puede que no pueden pagar las mensualidades.

escuela concertada

Para tratar de aliviar el problema, el departamento de Educación ha anunciado que «avanzará» el pago de gastos de funcionamiento, pero Salvá los corrige: «No es un adelanto, están poniendo al día gastos de febrero y marzo». En la nota de prensa, en efecto, la Generalitat habla del pago de febrero y marzo de un dinero que sirven para cubrir gastos y suministros. Unos pagos que «hasta ahora se pagaban con un decalaje de dos meses y hasta hace apenas un año y medio era de tres meses», explica el mismo comunicado.

Lo han decidido tras reunirse con el Consejo Escolar de Cataluña. El Gobierno es «consciente de los problemas de liquidez de los centros», según la nota hecha pública.

Algunas escuelas concertadas ya han decidido hacer descuentos a sus alumnos, pero las más pequeñas tienen problemas para que las reducciones de precio sean grandes debido a sus problemas de liquidez.

«La infrafinanciación de la concertada acaba recayendo sobre las familias, pero la escuela no cierra y trabajan mucho», lamenta José Manuel Prats, presidente de la  Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (FAPEL), que ha firmado un comunicado conjunto con la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña reclamando medidas públicas para garantizar la subsistencia de los centros concertados. 

«Nos llegan muchas consultas y demandas de cómo debemos proceder las familias con las aportaciones voluntarias que las escuelas necesitan para sobrevivir en un escenario de infrafinanciación», dice el escrito, en el que consideran que hay que mirar caso por caso dependiendo de la situación familiar derivada del estado de alarma. «Muchas familias van a sufrir», expresa el comunicado, que recuerda que históricamente estos padres piden «la gratuidad» de las plazas escolares también a las concertadas. Este infrafinanciación ha sido reconocido por el mismo departamento de Educación, que ha dado como alternativa que las concertadas que lo necesiten pasen a convertirse en escuelas públicas.

Las concertadas ya han aplicado los primeros expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) a trabajadores subcontratados como algunos de administración o de comedor y servicios. Desde la concertada también se quejan de un agravio comparativo con la pública, horas después de que el departamento de Educación también ha anunciado que indemnizará a las empresas de comedor y transporte escolar y asumirá el complemento salarial de los comedores en los casos de ERTE. «En las escuelas concertadas tampoco les gusta hacer ERTE», señala Salvà.

Las patronales calculan que el concierto económico, la mayor parte del cual va a parar a los salarios de los profesores, cubren aproximadamente la mitad de los costes de la concertada, que son de unos 4.700 euros al año. Las escuelas, además, reciben una subvención para gastos de 8.000 euros por cada línea (es decir, cursos de una sola aula), unos 90.000 euros anuales en escuelas de una sola línea.