El rector de la entidad dijo que el presidente Rafael Correa está mal informado

La población pesquera de Ancón, en Santa Elena, que denunció el pasado 11 de octubre el supuesto beneficio económico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), tras la explotación del campo petrolero Gustavo Galindo, se encuentra en pie de lucha.

La razón: un grupo de dirigentes políticos aprovechó la cadena radial sabatina para denunciar que la Espol percibe el 6,50% de las utilidades del pozo petrolero mientras el Estado obtiene el 18,50% y la operadora Pacifpetrol, el 75%.

Con ese porcentaje, que según el rector de la Espol, Moisés Tacle, corresponde a $43 millones en 12 años de labores, se han ejecutado obras en Santa Elena, por más de $19 millones. Estos trabajos se resumen en caminos de acceso, estudios de factibilidad y proyectos comunitarios. Desde su despacho, Tacle dijo que Correa, lamentablemente, está mal informado, pues la Espol no recibe $70 millones anuales. "Las obras están a la vista, pero nos hace falta más difusión", dijo.

Tacle defendió el decreto firmado por el ex presidente Sixto Durán Ballén, el 7 de octubre de 1994, y espera una pronta renegociación por el incremento de los precios del barril de petróleo. Explicó que cuando se firmó el convenio, el precio del crudo era de $10 en el mercado internacional y en el campo de Ancón se producían 700 barriles al día. Hoy, con la tecnología aplicada, la producción es ya de 1 500 barriles diarios.

Según el decreto, la Espol tiene la facultad para formar un consorcio con una empresa petrolera de reconocida competencia, la cual debe proveer los capitales de inversión necesarios y prestar servicios técnicos.

Tacle denunció que personas vinculadas con la extrema izquierda hoy pretenden mancillar la trayectoria de labores de la Espol en el Ecuador.

Pero Francisco Rosero, supervisor del Proyecto Ancón, fue más allá. Acusó a los dirigentes Freddy Cobeña, Alamir Álvarez y Rubén Pezo, ex teniente político de Ancón y vicepresidente de la Junta Cívica. Dijo que "ellos mueven a las masas con el objeto de manchar la labor de profesionales comprometidos con la comunidad".

Por su parte, Pezo negó aquello, y señaló a HOY que la Espol opera sin licencia ambiental. Según sus cálculos, en más de una década, ha generado recursos por más de $290 millones. "La Universidad de la Península hoy reclama su espacio. El Gobierno debe darle ese reto", expresó.

En cambio, el alcalde de La Libertad, Patricio Cisneros, defendió las labores de la entidad educativa en base a estudios de factibilidad que permitieron, por ejemplo, la construcción de un malecón. (CHM)

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