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Según el Prefecto del Guayas, una auditoría determinará cuánto personal se necesita.

FOTO: CAMILO PAREJA para El Telégrafo

Un total de 350 empleados del Consejo Provincial del Guayas fueron removidos de sus puestos. La medida permanecerá hasta reducir las direcciones del organismo de 17 a cinco.

Con el despido de 350 trabajadores de la  Prefectura de Guayas, suscitado en esta semana,   se fortalecen las intenciones del  titular,  Jimmy Jairala, de  reestructurar el organismo provincial.

Ayer, 269 empleados del Consejo Provincial del Guayas, que laboraban en distintas áreas, como Dirección Financiera, Obras Públicas, Desarrollo Comunitario, Turismo, entre otras,  fueron impedidos de ingresar a sus puestos de trabajo.

Personal de seguridad del Consejo Provincial bloqueó su ingreso a los galpones, ubicados en la Av.  Pedro Menéndez Gilbert. También a las oficinas del edificio, ubicado en las calles  Illingworth y Malecón. Allí  un piquete de 30 policías resguardó el sitio, desde las 06:00 hasta las 20:00, para evitar  desmanes.

En la entrada del edificio había una lista con el nombre de los trabajadores  removidos y de la área a la que pertenecían. Muchos de ellos se sorprendieron al ver   que sus nombres constaban y enterarse, de esa forma, que han perdido sus trabajos, pues, aducen, que recibieron del mismo Jairala la promesa de mantener sus puestos.

Entre ellos, Jesús del Rocío Osorio, quien  desde hace ocho años se  desempeñaba como Auxiliar Administrativo  de  Recursos Humanos. “No entiendo por qué fuimos sacados.  Ni siquiera nos han notificado el porqué. Es una injusticia, porque en la administración anterior nunca nos dieron  los nombramientos de ley”, expresó Osorio.

Asimismo, Lupe Rivera, de 47 años, quien desde hace 10 laboraba en el área de Identificación de Obras, en los galpones. “Nos reunimos con el actual prefecto (Jairala) y nos dijo que nadie nos iba a sacar si  teníamos varios años de servicio”.

Dolores Sotomayor, presidenta de la Asociación de empleados contratados del Consejo Provincial,  que agrupa a 190 agremiados, expresó que pedirán al actual Prefecto un diálogo para que les expliqué la razón por la cual sus compañeros fueron removidos. Aunque descartó que haya movilizaciones, advirtió que el hecho será denunciado a las autoridades de trabajo.

Por su parte,  el  prefecto Jairala, quien estaba en un recorrido por Salitre, señaló que  la decisión se tomó luego de encontrar irregularidades durante la revisión de los contratos de estos trabajadores.

Agregó, por ejemplo, que  “en 84 contratos la firma del prefecto de la anterior administración (Nicolás Lapentti)  no constaba, por lo que fueron  anulados inmediatamente”.

A esta cifra se sumó 200 contratos que  vencieron y el Consejo Provincial decidió no renovar sus servicios. Otro grupo más pequeño tenía  contratos con “nombramientos de última hora”. En estos casos, el Estado faculta a las entidades públicas a retirar a estos trabajadores, aseguró el funcionario.

“Es una barbaridad que empleados, bajo la modalidad de contrato, estén trabajando ocho o diez años sin recibir su nombramiento. ¿Por qué me reclaman a mí y no lo hicieron con Lapentti?”, aseveró Jairala y  se comprometió a revisar estos casos excepcionales la próxima semana.

Según colaboradores del organismo este lunes se prevén más despidos.