Ciencia y Tecnologia

FOTO: CARLOS POZO / El Telégrafo

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el ministro de la Política, Ricardo Patiño, presentaron las demandas ante el secretario de la Fiscalía, Jorge Cevallos.

El Gobierno  pidió a la Fiscalía General del Estado que dicte como medida cautelar la orden de prisión preventiva en contra de Fernando Balda, militante del Partido Sociedad Patriótica (PSP), por haber cometido los delitos de difusión de noticias o informaciones falsas destinadas a alterar el orden público, introducción injustificada en dependencias policiales, ofensas al Presidente de la República e interceptación de conversaciones.

El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, y el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, acudieron ayer a la Fiscalía General del Estado para entregar dos denuncias legales en contra del mencionado político.

A decir de Mera, la primera denuncia es por tres infracciones que son delitos contra la seguridad del Estado, cuya acción penal es pública (la difusión de noticias falsas, introducción injustificada en dependencias policiales y ofensas al Presidente de la República).

Dichas infracciones habrían sido cometidas por Balda mediante la difusión de un boletín de prensa titulado “Urgente”, de fecha 19 de agosto de 2009, en el que se habría afirmado que existen oficinas clandestinas de inteligencia destinadas a interceptar llamadas particulares con equipos provenientes de Venezuela. Supuestamente las oficinas se encontraban ubicadas en el edificio del Fondo de Solidaridad, en Quito, las cuales no fueron encontradas cuando ingresaron representantes de algunos medios de comunicación.

La segunda denuncia, dijo Mera, hace referencia a la difusión de Balda de una grabación clandestina de una conversación en la que intervienen varias personas, entre ellas el Primer Mandatario de la nación y el ministro Ricardo Patiño. La grabación se habría realizado, obtenido y difundido sin orden judicial, acto que configura el delito de interceptación de conversaciones.

En las dos denuncias que fueron receptadas por el secretario general de la Fiscalía, Jorge Cevallos, se pide la medida cautelar de prisión preventiva.

“El Código Penal establece una pena de dos meses a un año de prisión a “quienes interceptaren, sin orden judicial, conversaciones telefónicas”, agregó Mera.

“Se pasan de la raya, aquí estamos afectando al honor nacional” manifestó el ministro Patiño, al señalar  que una de las denuncias contra Balda es por difundir una grabación “clandestina” de parte de una reunión efectuada en la Presidencia, “que habría realizado él u otra persona” y que fue difundida por un canal de televisión abierta.

Admitió que preocupa el grado de vulnerabilidad de la Presidencia de la República, ya que la mencionada grabación fue realizada en el despacho presidencial, por lo que se irá hasta el fondo para conocer a los responsables del delito y, a partir de allí,  adoptar seguridades.

A criterio de Patiño, podría ser que Balda se puso de acuerdo con alguien de los asistentes a la reunión para grabar, o  existiría otro mecanismo oculto.

Los que estuvieron presente en ese encuentro fueron: el Presidente de la República, el ministro Patiño,  altos funcionarios de Gobierno -que no precisó- y algunos miembros del Partido Socialista Frente Amplio (PSFA). Esa grabación constituye un hecho delictivo y tendrá que ser definido por las autoridades legales, dijo.

El secretario de la Fiscalía se comprometió a trasladar las dos denuncias al fiscal del Estado, Washington Pesántez, para que disponga las acciones respectivas.

En tanto, la Fiscalía convocó a Fernando Balda para que concurra el próximo  1 de septiembre, a las 10:00, a rendir su versión dentro de la indagación previa iniciada por el caso de la grabación mencionada.

La comparecencia deberá llevarse a cabo en la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía General, a fin de que,  voluntariamente, Balda Flores aporte con información para esclarecer los hechos  de la investigación iniciada.