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El anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación Superior que se encuentra como “borrador para discusión”, ha recibido el rechazo de todas las universidades y escuelas politécnicas del país, que en diversas reuniones celebradas en distintas ciudades, han expresado que es atentatoria contra la autonomía universitaria, conquista lograda por la universidad latinoamericana tras arduas luchas que la historia las recoge. Mas, igualmente la universidad ecuatoriana reconoce de manera pública y que se hace indispensable una ley que haga efectivos los cambios trascendentales y estructurales a operarse en beneficio de su elevación académica que le permita ser parte insustituible del plan de desarrollo nacional.

La universidad tiene razón para oponerse a este anteproyecto de ley porque en él no han sido tomadas en cuenta por parte del “congresillo” sus sugerencias, sus ideas, sus aspiraciones, sus requerimientos oportunamente planteados en talleres en los que participó abiertamente. Al haber sido desoída, tiene motivos para oponerse a este anteproyecto que no recoge la verdadera realidad de la educación de tercer nivel.

La universidad, convencida que es parte importantísima de la vida nacional, con el propósito que las cosas se hagan bien, y no muy a la carrera sugiere la elaboración de una nueva propuesta de este cuerpo legal que sea producto de un consenso entre todos los sectores que se encuentran involucrados, esto es el Ejecutivo, las universidades, la sociedad civil, para que el mismo sea analizado y posteriormente aprobado no por el “congresillo”, “sino por la Asamblea Nacional, próxima a instalarse.

La posición de la universidad es coherente y consecuente con la realidad.

¿Cuál es el apuro para que esta ley sea aprobada a la carrera, sin discusión mayor por parte del “congresillo”, en lugar de serlo por la Asamblea Nacional, en donde habrá posibilidades de un debate más amplio?

Dictar una ley, no es asunto muy fácil. No es cuestión que alguien elabore un anteproyecto, y luego se lo someta a un rápida aprobación en la que domina el “alzamanos”. Una ley que nace de esa manera puede nacer muerta, o nacer para durar muy poco tiempo, o recibir el rechazo de la comunidad sobre la cual debe imperar. Y a eso jamás debe exponerse la Función Legislativa porque se desdibuja ante la opinión nacional.

La violación de la autonomía universitaria, que es evidente en este anteproyecto de ley, lo hace ser inconstitucional porque la Carta Política vigente en el artículo 355 reconoce y garantiza a las universidades y escuelas politécnicas la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. La Universidad ecuatoriana no desconoce que está obligada a rendir cuentas al Estado de los fondos económicos que le suministre para su desenvolvimiento con sujeción a las leyes correspondientes, por lo que puede ser fiscalizada, al igual que no la exime de su responsabilidad social, ni de su participación en la planificación nacional. Por otra parte, los procesos de acreditación y de aseguramiento de la calidad, a los que no se opone la universidad, porque no tiene por qué oponerse a ello, deben ser llevados a cabo por la propia universidad como consecuencia de la autonomía académica consagrada en la Constitución, para cuyo efecto ella deberá elaborar las regulaciones con este propósito.

Todas estas consideraciones expuestas frontalmente por las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador no pueden ser desoídas. Por el contrario, merecen la atención de los organismos públicos pertinentes que están a tiempo para que se elabore un proyecto de ley a ser conocido por la Asamblea.