En la trigésima tercera edición del Seminario Regional de Política Fiscal – que se desarrolla del 21 al 23 de abril- la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentó de manera virtual el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021, en el cual se analizan la dinámica fiscal durante el 2020 y los principales desafíos en 2021 en un contexto caracterizado por fuertes incertidumbres respecto a la dinámica de la pandemia del COVID-19 y la trayectoria económica y social de los países de la región.
Según el informe, la dinámica del crecimiento en 2021 no logrará compensar la caída observada en la actividad económica en 2020 ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza y desigualdad. También cabe esperar una lenta recuperación de los niveles de empleo que no permitirá recuperar la fuerte pérdida en los niveles de ocupación ocurrida el año pasado, siendo las mujeres las más afectadas con un retroceso de 10 años en su participación laboral. A su vez, la persistencia de la pandemia, las asimetrías en la disponibilidad de las vacunas y las incertidumbres sobre su efectividad, junto a ritmos de recuperación económica asincrónicos y divergentes, ponen un manto de incertidumbre sobre la velocidad y sostenibilidad de la recuperación económica.
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“Es importante extender los paquetes de medidas fiscales durante 2021 ante la fragilidad del proceso de recuperación económica y para continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia”, explicó Alicia Bárcena. Junto con la necesidad de mantener políticas fiscales en la emergencia, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL analizó en su presentación los dos grandes desafíos que enfrentan las políticas fiscales en los países de la región: generar el financiamiento para mantener el gasto púbico frente a la pandemia, y fortalecer la sostenibilidad de una política fiscal expansiva. Ambos desafíos requieren repensar la orientación de las políticas de gasto e ingresos públicos, indicó.
Según el informe, en 2020 América Latina y el Caribe fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia del COVID-19, a la vez que se intensificaron las brechas estructurales en materia de desigualdad, espacio fiscal limitado, baja productividad, informalidad y fragmentación de los sistemas de protección social y salud. Para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia, los países de la región adoptaron políticas fiscales expansivas. Los esfuerzos fiscales anunciados en 2020 representaron 4,6% del PIB en promedio para los países de la región. Estos esfuerzos se dirigieron a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. Los principales instrumentos utilizados para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia fueron los subsidios y transferencias corrientes.
La expansión del gasto público para atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria conllevó aumentos significativos en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento en la región, alcanzando un nivel promedio de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales de 56,3% del PIB. A su vez, la región es una de las más endeudadas del mundo y presenta el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (59%).
“Vincular la emergencia con la reactivación es esencial para potenciar el papel del gasto público en una trayectoria de desarrollo inclusivo y sostenible. Ello pasa por ligar la atención de demandas de corto plazo con inversiones sostenibles e intensivas en empleo, especialmente para mujeres, promover la transformación productiva y el fortalecimiento y universalización de los sistemas de protección social”, enfatizó Alicia Bárcena.