Desde la introducción de los billetes y monedas en euros el 1 de enero de 2002, es posible realizar pagos en efectivo en la zona del euro en una moneda común con la misma comodidad y sencillez con la que se realizaban antes estas transacciones en las respectivas monedas nacionales.
Sin embargo, para que la introducción del euro como moneda común fuera completa, era necesario que los particulares y las empresas pudieran también realizar sus pagos en toda la zona del euro sin tener que utilizar el efectivo. Eso significaba buscar una fórmula que permitiera emitir y recibir pagos desde una única cuenta en cualquier lugar de la zona con un único conjunto de instrumentos de pago, de forma que todas las transacciones (nacionales y transfronterizas) ofrecieran las mismas condiciones de facilidad, eficacia y seguridad. Para ello, se ideó el proyecto de creación de una Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Su ámbito geográfico abarca actualmente 36 países SEPA y territorios: los 27 Estados miembros, más el Reino Unido, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Mónaco, San Marino, Andorra y el Estado de la Ciudad del Vaticano/Santa Sede.
El objetivo de la SEPA no es sólo mejorar los procesos de pago en euros entre países, sino también desarrollar instrumentos, normas, procedimientos e infraestructuras comunes. Así, en enero de 2008 se puso en marcha la transferencia SEPA, seguida en 2009 por el adeudo directo SEPA. Desde entonces, las transferencias y los adeudos directos heredados fueron migrando gradualmente a los instrumentos europeos, culminando el proceso en 2014.
El otro instrumento de pago en el que se ha centrado el proyecto SEPA son las tarjetas de pago. En este caso, el objetivo de la SEPA es eliminar las barreras legales, operativas y comerciales preexistentes, de manera que se garantice la interoperabilidad paneuropea del instrumento; es decir, que su uso no se vea limitado por restricciones geográficas.
Uno de los principales promotores del proyecto desde el punto de vista práctico fue el Consejo Europeo de Pagos (EPC). Como órgano decisorio y coordinador del sector bancario europeo en este ámbito, ha asumido un papel central en la definición de los nuevos instrumentos y los estándares necesarios para garantizar la eficiencia y la seguridad de los pagos en la SEPA.
En el ámbito de las tarjetas de pago, el European Cards Stakeholders Group (ECSG) trabaja activamente en este campo. Entre otras cosas, se encarga del mantenimiento y desarrollo del Volumen de Estandarización de las Tarjetas de la SEPA (conocido como el Volumen), en el que se definen las directrices europeas sobre estandarización, interoperabilidad y seguridad.
Entretanto, tanto los bancos centrales como la Comisión Europea han trabajado en estrecha colaboración con otros agentes clave en esta iniciativa, contribuyendo así a la eliminación de los posibles obstáculos técnicos, locales y comerciales que pudieran existir, al tiempo que han prestado apoyo a los objetivos generales de la SEPA.
A medida que avanzaba la ejecución del proyecto SEPA, también evolucionaron sus aspectos de gobernanza. En este sentido, el Consejo de la SEPA, que se creó en 2010 y que contribuyó a lograr una implantación efectiva de la SEPA en Europa mediante una representación adecuada de los usuarios y de los proveedores de servicios de pago, fue sustituido en diciembre de 2013 por el Consejo de Pagos Minoristas del Euro (ERPB). El ERPB se creó bajo la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) con el objetivo de contribuir a fomentar el desarrollo de un mercado de pequeños pagos en euros integrado, innovador y competitivo en la Unión Europea. Entre los miembros de la ERPB hay representantes de la oferta y la demanda, así como de la Comisión Europea, el BCE y los bancos centrales nacionales.
Finalmente, en el ámbito de la legislación comunitaria, cabe destacar un conjunto de iniciativas que han sido decisivas para avanzar en el desarrollo y consolidación de la SEPA.
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