Durante el proceso de elaboración de cualquier tecnología agrícola o alimentaria, hay siempre interrogantes y preocupaciones que han de abordarse en cada etapa, y que comprenden desde el rendimiento del producto y el beneficio económico hasta la inocuidad para los consumidores y la respuesta de la sociedad. Preguntas como «¿por qué se está elaborando el producto en cuestión?», «¿Cuáles son sus aplicaciones?» y «¿Quién decide lo que es útil?» son importantes y deben recibir una respuesta lo más transparente posible.

El examen de los OMG indica que esta tecnología podría afectar a una gran variedad de productos vegetales y animales y tener múltiples consecuencias. También implica que pueden desempeñar otras funciones además de la producción de alimentos en la agricultura. La biotecnología moderna, debidamente desarrollada, puede ofrecer nuevas y amplias posibilidades de contribución a la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, la aceleración del cambio genético posibilitada por la ingeniería genética puede constituir un nuevo tipo de posibles efectos sobre la biosfera.

Sin embargo, no se pueden hacer generalizaciones de gran alcance acerca de los OMG; cada aplicación debe analizarse cuidadosamente caso por caso. El debate puede ser menos polémico y más constructivo si se realizan evaluaciones completas y transparentes de las aplicaciones de los OMG y se reconocen sus consecuencias a corto y largo plazo.

Durante el período relativamente breve de existencia de la ingeniería genética, un detenido estudio del proceso de investigación y comercialización ha demostrado ser beneficioso al haber permitido plantear cuestiones importantes y mejorar nuestra comprensión.

Los ciudadanos están directamente interesados en las novedades tecnológicas, pero existen obstáculos a su participación en la adopción de decisiones que deben ser reconocidos y superados. El público no ha sido debidamente informado acerca de la aplicación de la tecnología genética a la producción de alimentos y las posibles consecuencias para la salud de los consumidores y el medio ambiente. Ante la desconcertante variedad de reclamaciones, réplicas, discrepancias científicas, tergiversaciones de la investigación, etc. que se presenta en los medios de información, el público está perdiendo su fe en los científicos y en los gobiernos.

Los científicos, los gobiernos y la industria agroalimentaria han reconocido la necesidad de informar al público sobre los OMC, pero hay todavía relativamente poca información disponible para que un profano pueda tomar decisiones. Todos los interesados deberían participar en evaluaciones ampliamente difundidas, exactas y objetivas de los beneficios y riesgos asociados con la utilización de tecnologías genéticas. Aun en el caso de que haya acceso a la información, esto no garantiza que los profanos tengan conocimientos y capacitación suficientes para interpretar los documentos técnicos y hacer uso de ellos.

Los expertos tienen la obligación ética de tomar la iniciativa y expresarse en unos términos que el profano pueda comprender. Algunas asociaciones profesionales han reconocido esto y han solicitado que se instruya al público en general sobre tecnologías y principios genéticos.

Es necesario crear más oportunidades para el intercambio de información entre científicos, representantes de empresas, encargados de formular políticas y el público. Para formular leyes, reglamentos y otras normas, se adoptan disposiciones institucionales como la creación de comités asesores; la inclusión de miembros del público en esos comités contribuiría a garantizar que sus perspectivas estuvieran debidamente representadas.

Los foros que permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones deben constituir, de manera sistemática parte integrante del análisis de las cuestiones relacionadas con las OMG y de la toma de decisiones al respecto. Es necesario identificar claramente los foros nacionales, regionales e internacionales y aclarar sus funciones respectivas con el fin de disponer de mecanismos eficientes para examinar las cuestiones, llegar a acuerdos pertinentes y establecer instrumentos apropiados para su ejecución.

El derecho a una alimentación apropiada, tal como se entiende hoy, lleva consigo la obligación por parte de los Estados de proteger la autonomía de los individuos y su capacidad para participar en los foros públicos donde se toman decisiones, especialmente cuando otros participantes son más poderosos, vigorosos o combativos. Esta obligación puede comprender la asignación de recursos públicos para conseguir que esos foros se desarrollen en un espíritu de equidad y justicia.