“Yo quisiera saber ahora ¿quién va a operar?”. Esta es una de las interrogantes sin respuesta que tiene Jorge Cazar, médico tratante del área de ginecología del hospital Abel Gilbert, quien fue suspendido de sus funciones junto con otros 22 servidores públicos de esa casa de salud el pasado 4 de noviembre.
Para el pediatra Mario Silva, quien también fue separado de su cargo, la situación es grave porque, según él, los médicos residentes no están preparados para reemplazarlos. En una semana ya deben salir los profesionales de esta institución.
Silva y los otros servidores públicos recibieron el viernes pasado una acción de personal firmada por la directora de esa casa de salud, Maritza Barros, en la que se ratificaba su salida el próximo 30 de noviembre.
“La experiencia es la experiencia”, dice Cazar convencido, mientras explica que los pacientes prefieren sus diagnósticos porque son confiables.
“No sabemos quién nos reemplazará, porque un concurso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hasta el 30 de noviembre usted cree que van a llamar a concurso, si hace rato que el Gobierno no llama a concurso a nadie”, expresa molesto Silva, tras agregar que los que están bajo sus órdenes son médicos residentes y algunos no son de la especialidad, e incluso hay cinco que recién van a concursar para ser pediatras en el hospital de la Junta de Beneficencia Roberto Gilbert.
Silva insiste en que la suspensión de sus cargos es inconstitucional porque atenta contra la Constitución de la República, que garantiza el trabajo sin discriminación de edad.
Además dice que se contradice con la misma Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), pues esta señala en el artículo 81 que “los servidores a los 70 años de edad que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto”.
Y si bien este artículo indica su salida, el art. 83, literal l, en cambio, excluye a los docentes e investigadores de las instituciones educativas públicas del sistema de educación superior, actividad que desempeña la mayoría de los médicos suspendidos en el Abel Gilbert.
Además, la Ley dice con la jubilación se dispondrá una compensación económica, la que aún no reciben los galenos.
Mientras tanto, los médicos suprimidos esperan ser restituidos en sus puestos.
Fuente: Diario El Universo
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